El pasado 11 de diciembre, luego de reuniones entre el equipo técnico del MEF y diferentes congresistas, se aprobó la llamada “Ley Pulpín”: un régimen laboral voluntario dirigido a jóvenes entre los 18 y 24 años que tiene como fin incrementar su empleabilidad abaratando los costos de contratación (chau CTS, gratificaciones, etc.). Con 68 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones se encontraba lejos de impopular. Además de esto, PPK salió en los medios para expresar su apoyo sobre la medida y hasta opinó que se debería extender su aplicación hasta los 30 años. 

Rápidamente estalló el pánico, pues los derechos de los jóvenes estaban siendo "pisoteados". Las redes sociales fueron utilizadas para organizar protestas y la oposición aprovechó para pronunciarse en contra de una ley que había apoyado. PPK, para no perder a sus ppkausas, se vio obligado a declarar que sus comentarios habían sido “sacados de contexto” y pedir que dicha ley se derogue. 

En las últimas semanas mis amigos me han dicho para ir a protestar porque nos estaban quitando los beneficios laborales. También he leído que van a existir despidos masivos de jóvenes contratados en el régimen general trabajo y que se aprovechará para contratarlos con el régimen voluntario, entre otras cosas. En resumen, se está beneficiando a los empresarios a costa de los jóvenes ya que se necesita “cholo barato” para reactivar la economía. Esto es politiquería barata y no hace nada más que desinformar. Como dice Joseph Stiglitz, Nobel de economía, “No hay mejor manera de manipular a las masas que hacer que crean que sus intereses se alinean con los tuyos”. Me refiero a la oposición. 

Según el World Economic Forum, el Perú está entre los 30 países con mayor rigidez laboral y más del 70% del empleo es informal (entre los 18 y 24 años esta cifra alcanza el 90%). Esto se explica, en cierta medida, porque la educación peruana es pésima (somos los últimos en el examen PISA) y los trabajadores son tan poco productivos que lamentablemente en muchos casos no se llega a justificar el pago del sueldo mínimo con todos los beneficios laborales. No olvidemos que contablemente tanto los salarios como las aportaciones y gratificaciones terminan siendo costos y, para las empresas, estos deben ser iguales o menores a la productividad marginal del trabajador en términos monetarios. Como consecuencia, un régimen laboral rígido termina siendo discriminatorio contra los más necesitados porque se termina incluyendo sólo a los más preparados y el resto termina en el sector informal o en su casa. 

Sin duda para solucionar el problema laboral es necesario un plan integral. Este año se ha incrementado el gasto educativo en 1.5% del PBI y la promulgación de esta norma permitiría una transición entre el desempleo/subempleo juvenil a la formalización y posteriormente al régimen general. Contrario a lo que se ha dicho, no se le ha quitado a nadie los derechos constitucionales: el régimen laboral es voluntario. Los trabajadores contratados con el régimen general lo mantienen ya que el despido arbitrario para la posterior contratación con el nuevo régimen tipifica en una falta grave.  

La ley no está dirigida al 10% de los jóvenes que tienen empleo formal con el régimen laboral general, se enfoca en el 90% restante que está desempleado o subempleado que en el status quo no tiene ningún beneficio y tampoco está en planilla. La productividad y eficiencia pueden ser independientes de la edad pero no de la experiencia y educación. Es por esto que la ley incluye facilidades tributarias por la capacitación de los jóvenes. Se ofrecerá crédito fiscal por cada sol gastado en la educación del joven. 

Dados los altos niveles de informalidad en el empleo juvenil está claro que se debe hacer algo. La ley tiene vigencia de 5 años y sólo aplica para empresas sin multas del Ministerio de Trabajo. Lo peor que puede pasar es que derogue y el 90% de los jóvenes siga sin gozar ningún beneficio laboral. Es fácil criticar. Más importante es proponer. 

Vamos a protestar. ¿Quién me acompaña?